(Publicado en
el Diario 2001 / Domingo 7 de abril de 2013)
[Mario Villegas]
Masivo, grotesco y desvergonzado es el
uso de los recursos públicos en la campaña electoral oficialista. Las
evidencias abundan y atropellan diariamente la vista y la impotencia
ciudadanas. Miles de millones de bolívares que nos pertenecen a todos salen del
torrente institucional para ser dilapidados en el proselitismo electoral y el
activismo del partido de gobierno.
Oficinas públicas disfrazadas de sedes
partidistas. Decenas de miles de funcionarios públicos dejan los puestos de
trabajo y cumplen su jornada laboral en tareas político partidistas bajo la más
absoluta impunidad.
Televisoras, radios, periódicos, revistas y panfletos que
se proclaman “de todos los venezolanos” pero que operan como
órganos oficiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela o como megáfonos de
éste.
Edificios, auditorios, mobiliario, imprentas, computadoras, papel y
tinta, equipos de sonido, alimentos y bebidas, aviones, avionetas,
helicópteros, autobuses, gandolas, camiones, camionetas, carros y motos
oficiales puestos al servicio del calendario y propósitos partidistas y no del
calendario y propósitos institucionales, menos aun al servicio de las
necesidades populares.
Es incalculable la cantidad de horas-hombre de nuestros
funcionarios, la cantidad de unidades tributarias de nuestros impuestos y la
cantidad de barriles de nuestro petróleo desviados y despilfarrados en esta
borrachera roja rojita, unas veces encubierta y las más descarada y
retadoramente abiertas.
El financiamiento legal, equitativo y
controlado a los partidos políticos que le dan cuerpo y vida a la democracia es
materia digna de ser incorporada al debate público y establecida con base en
normas claras y de riguroso cumplimiento.
Pero mientras eso no exista, el que
un partido en el gobierno, cualquiera que éste sea, vuelque en su propio
provecho la estructura institucional, ya sean sus recursos humanos o
materiales, o ambos simultáneamente, incurre en grave delito. Delito que, por
supuesto, debe recaer intuito persona sobre cada uno de los funcionarios y
demás individuos comprometidos en la irregularidad.
Si a la vocería oficialista
le resulta cuestionable y sancionable que Petróleos de Venezuela haya
financiado la actividad de una ONG que luego decidió convertirse en partido
político, no se entiende cómo desde los círculos del chavismo no se alce ni una
sola voz que marque distancia de la grotesca sangría que todos estos años ha
venido haciendo el PSUV con el presupuesto de PDVSA y de la administración
pública en general.
Sorprende que algunos presuntos baluartes de la mística y
la moral revolucionaria miren para otro lado como si eso los eximiera de la
condición de cómplices activos o pasivos de la corrupción.
Es indudable que a la campaña
gobiernera le sobran los más grandes, modernos, potentes y sofisticados recursos.
Lo único que le falta son escrúpulos, límites éticos y frenos morales.
Corrupción es corrupción, independientemente de
quién, de qué tamaño y con qué propósitos la practique. En materia de
apropiación de recursos públicos aun con fines políticos, siempre será
reprobable la tesis de que el fin justifica los medios.
Justo tras ese
argumento se han cometido y enmascarado en el planeta los más abominables
crímenes y corruptelas. De modo que frente
al prontuario que en este campo exhibe la PDVSA pesuvista, se quedan
verdaderamente pálidos la acusación que se ha hecho contra Leopoldo López y
Primero Justicia, así como los famosos y no olvidados jeeps de Blanca Ibáñez y
Acción Democrática.
Mucho tienen que explicarle y rendirle
cuentas al país los presuntamente inmaculados y santurrones que desde el
gobierno pretenden dar lecciones morales a los demás cuando en la práctica
están embarrados a más no poder, tanto por acción directa como por consciente
complicidad. El palabrerío no los exime. Los delata la hediondez.
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